La Corte Constitucional ratificó el fallo de tutela mediante el cual reconoció que los derechos de algunas familias que habían sido desalojadas de la isla Tierra Bomba, en Cartagena (Bolívar), habían sido vulnerados en un proceso de devolución de terrenos a la sociedad Bray Escobar. La Sala Plena ratificó el derecho que tenían los titulares de los bienes sobre una parte de la zona afectada en la actuación, pero se mantuvo en la conclusión de la sala de revisión según la cual no podía reconocerse ninguna potestad de la mencionada sociedad y otros propietarios sobre algunas hectáreas objeto de desalojo. Aunque la corporación modificó parcialmente la sentencia, en el sentido de no reconocer a los afectados como poseedores sino como ocupantes, ratificó la orden impartida a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de restituir las garantías desconocidas a los habitantes de la zona.