La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de un juez de Buga (Valle) de compulsar copias a la Fiscalía para que investigue la probable actuación irregular de un ciudadano que interpuso una tutela contra la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a pesar de carecer de legitimación en la causa. Según la Sala Civil, la autoridad electoral puso en evidencia que durante los comicios en los que fue elegido el funcionario sancionado por la Procuraduría el actor no votó en la capital, sino que lo hizo en la mencionada población vallecaucana, por cuanto no podía alegar la violación del artículo 40 de la Constitución, en el cual se consagra el derecho a elegir y ser elegido. A juicio del alto tribunal, la decisión del fallador se basó en el cumplimiento del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, que obliga a todo funcionario a denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las que tenga conocimiento. Finalmente, la corporación destacó que el escenario propicio para atacar este tipo de determinaciones es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa, que, a su juicio, ofrece mecanismos eficaces y efectivos para que se decrete la suspensión provisional de los efectos de fallos disciplinarios de carácter administrativo, como lo evidencian los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (M. P. Fernando Giraldo).