La Corte Constitucional concluyó que la adhesión del Estado colombiano a la Convención sobre la protección física de materiales nucleares se ajusta a los compromisos de la institucionalidad de garantizar la paz, proteger a las personas residentes en el país y preservar el medio ambiente. La corporación mencionó esos argumentos como los principales para haber declarado exequible la Ley 1572 del 2012. Recordó además que el contenido del artículo 22 de la Constitución, que prohíbe la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares constituye un elemento para ratificar que el convenio se acoge al cumplimiento de fines superiores en cabeza del Estado. El magistrado Luis Ernesto Vargas aclaró el voto (M. P. Mauricio González).