La Corte Constitucional profirió decisión inhibitoria sobre las reglas de imputación de los artículos 283, 286, 289, 293, 348, 350, 351, 356, 367 y 368 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal). A juicio del alto tribunal, carece de competencia para pronunciarse sobre la eventual omisión legislativa al no regularse, de manera especial e integral, el procedimiento penal que debe seguirse cuando se encuentra involucrada una persona con discapacidad. Tal regulación compete al legislador, en desarrollo de sus obligaciones constitucionales de proteger especialmente a las personas en situación de discapacidad, de conformidad con los artículos 13 y 49 de la Carta Política (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).