Todos los profesionales en desarrollo familiar tienen derecho a integrar comités de adopción, sostuvo la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad de la norma que regula la conformación de estas células. Así las cosas, dice el alto tribunal, debe entenderse que la inclusión de un trabajador social en este grupo de evaluadores y en las comisarías de defensa de la familia y los menores debe abarcar a todo tipo de profesionales con conocimientos en esta especialidad. La Procuraduría había coincidido con esta misma postura.