La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional inhibirse de estudiar la demanda a la norma que fija en cinco años el plazo de caducidad para adelantar procesos de responsabilidad fiscal (el artículo 9º de la Ley 610 del 2000). Indicó que, de no aceptarse su solicitud principal, se declare constitucional la norma, por cuanto considera que constituye una garantía para la efectividad de los principios de la seguridad jurídica y la prevalencia del interés general, ello aunado a que la misma Corte se ha referido a la caducidad como un instrumento que promueve que, en plazos razonables, se surta el trámite procesal, sin dilaciones. Sin embargo, el Ministerio Público considera que el actor no confronta el texto demandado con las normas superiores supuestamente violadas. La ponencia deberá ser elaborada por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.