La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la función atribuida a la Contraloría para el seguimiento a los recursos destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y desastres (numeral 8º del artículo 55 del Decreto 267 del 2000). El Ministerio Público desestima que se cree un sistema de coadministración de estos dineros y que con ello se invadan las facultades de la Fiscalía y la Procuraduría. Además, considera que el texto demandado no pretende revivir la Constitución de 1886, ni otras normas legales. Finalmente, a su juicio, no se trata de una actuación de vigilancia y control previa a la expedición de los actos y documentos que originan los gastos respectivos. El fallo será proyectado por el magistrado Mauricio González.