La norma que establece una condición habilitante para los patrulleros que aspiran a ascender al grado de subintendente vulnera el principio de igualdad, pues esta misma no se exige a los oficiales ni a los demás suboficiales de la Policía Nacional para sus respectivos ascensos. Por tal razón, la Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el numeral 4 del artículo 21 del Decreto Ley 1791 del 2000, que fija la condición adicional. Según el Ministerio Público, los patrulleros, que son suboficiales, están en la misma situación que los comisarios, subcomisarios, intendentes jefes, intendentes y subintendentes, pero solo a ellos se les exige, para su ascenso, no haber sido sancionados durante los últimos tres años, sin que haya justificación razonable ni identificación de la sanción, lo que constituye también la vulneración del principio de razonabilidad, pues es lo mismo que sea sancionado por una falta gravísima a que lo sea por una falta grave o leve.