La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles los artículos 6º y 7º del proyecto de ley que promueve la formalización de los instructores deportivos (P. L. 180/11S-248/11C). El Ministerio Público considera fundadas las objeciones presidenciales formuladas a la iniciativa, pues considera que la creación de un consejo de acreditación profesional afecta la estructura administrativa del Estado, labor que compete exclusivamente al Gobierno. Según el concepto, el proyecto viola el artículo 154 de la Constitución, pues, a juicio del organismo de control, la naturaleza de la iniciativa comprende materias protegidas con reserva de ley.