Por considerar que el Estado colombiano podría quedar expuesto a la intervención de la Corte Penal Internacional, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles algunos apartes del llamado marco jurídico para la paz. El Ministerio Público considera que se deben dejar al margen del ordenamiento jurídico las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los”, contenidas en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 del 2012, tal y como lo sugiere el demandante. Para el organismo de control, el acto propiciaría que en el futuro se sancione una ley estatutaria que permita renunciar a investigaciones y actuaciones penales eventuales de todos los delitos de lesa humanidad en los que pueda considerarse que no fueron cometidos por los máximos responsables de las organizaciones armadas al margen de la ley, o por lo menos que no se dieron de manera sistemática. Para Ordóñez, se trata de una normativa que no reforma sino que sustituye la Constitución.