La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que establece las sanciones penales por usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (artículo 306 parcial de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 4° de la Ley 1032 del 2006). El demandante solicita que se retiren del ordenamiento las expresiones de la disposición que determinan la comisión del delito, en lo referente a las especies vegetales, en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, negras y campesinas que utilizan determinadas semillas. El Ministerio Público considera que no era necesaria la consulta previa en la aprobación de la ley y que no se viola el derecho a la igualdad de estas comunidades, dado que va dirigida a toda la población. Tampoco considera que la disposición adolezca de falta de determinación, ni que se desconozca la presunción de inocencia o se invierta la carga de la prueba en contra del indiciado. La ponencia será proyectada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero.