Con el fin de lograr una colaboración armónica para la promoción del acceso, la eficacia y la transparencia en la justicia, la Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y las superintendencias con funciones en justicia civil. De acuerdo con la entidad, el encuentro permitirá identificar algunos problemas que han generado notables retrasos en el cumplimiento de los términos procesales y, por lo tanto, la morosidad en el trámite de demandas. Aunque, según el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, no puede transcurrir más de un año para dictar sentencia, contado desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, este término perentorio e improrrogable no se cumple en la mayoría de los casos. Por otra parte, mediante solicitud de la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la puesta en marcha de auditorías a los repartos de las acciones de tutela y las acciones civiles en procesos judiciales. Según la corporación, se identificaron procedimientos irregulares en el sistema, como el reparto consecutivo del mismo asunto; cambios de grupo de la secuencia, sin efectuar el nuevo reparto; manipulación de las bases de datos y la bitácora y manipulación para que el reparto se le otorgue a un despacho distinto al que, técnicamente, le correspondería.