El proceso de supresión del DAS se ajustó a los preceptos constitucionales y legales, pues procuró la protección de los derechos adquiridos, la estabilidad laboral y el debido proceso de los servidores en carrera cuyos cargos fueron suprimidos, señaló la Corte Constitucional. En este sentido, declaró exequibles las expresiones “el régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor” y “a partir de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora”, del artículo 7º del Decreto 4057 del 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).