Criterios de defensa técnica en el régimen disciplinario de funcionarios y empleados judiciales
27 de Febrero de 2025
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decretó la nulidad de lo actuado dentro de un proceso disciplinario contra un empleado judicial a partir del acto de notificación personal del pliego de cargos, para que se surta en cabal forma respecto del investigado y, en caso de no presentarse al proceso, se le designe defensor de oficio con quien se surtirá este acto.
El abogado de confianza del disciplinable, un empleado de la Fiscalía General de la Nación, solicitó la nulidad de la actuación con fundamento en la omisión de declarar al investigado como persona ausente, no designarse defensor de oficio, pretermitir la etapa probatoria en el juzgamiento y no resolver la nulidad propuesta dentro del término legal.
El alto tribunal recordó que, en el régimen disciplinario de los abogados, para efectos garantizar la defensa técnica, el nombramiento de un defensor de oficio es mandatorio solo en los casos en los que se declare al disciplinado como persona ausente o cuando se ausente del trámite procesal sin justificación alguna, teniendo en cuenta que el disciplinado tiene conocimientos jurídicos y dada la calidad de abogado realiza de manera simultánea la defensa material y la defensa técnica.
Por su parte, en el régimen disciplinario de los servidores públicos, que incluye a funcionarios y empleados judiciales, de acuerdo con el parágrafo del artículo 84 de la Ley 1952 del 2019, aplicable al caso bajo análisis, la garantía de defensa técnica se refuerza porque en muchos casos los disciplinables no son abogados, por lo que la defensa técnica a través de un defensor de oficio se convierte en un elemento esencial para la garantía efectiva de su derecho de defensa.
Así las cosas, la primera instancia vulneró el derecho de defensa del disciplinado al no nombrar defensor de oficio ante la no presentación del mismo o de su abogado de confianza para notificarse personalmente del pliego de cargos, por lo que se decretó la nulidad de lo actuado a partir del acto de notificación personal (M. P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo).
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