La Sala Disciplinaria confirmó la declaración de responsabilidad de un abogado que utilizó como elemento material probatorio documentos falsos obtenidos por un tramitador para la consecución de una pensión.

Según el alto tribunal, dicha conducta configura una falta contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 33, numeral 11, del Código Disciplinario, precepto que incluye como falta la utilización de pruebas o poderes falsos con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.

Aun cuando el abogado insistió en el desconocimiento de la ilegalidad de los documentos, para la Sala, su cargo le imponía el deber de revisar si las certificaciones obtenidas por un tramitador eran aplicables o no para poder dar inicio a un trámite administrativo y judicial.

La providencia resalta que la defensa del profesional, basada en atribuir de manera exclusiva la falta al tramitador, no alcanza a exonerar su responsabilidad. (Lea: Abogada fue sancionada por retener injustificadamente despacho comisorio)

En efecto, el alto tribunal corroboró su calidad de determinador en la conducta reprochada, y el propósito de defraudar a una entidad pública tanto con el trámite de la pensión, como con la demanda que presentó para reclamar el reajuste y retroactividad de la misma (M. P. José Ovidio Claros Polanco).

Consejo Superior Judicatura, Sentencia 63001110200020140021801, mayo 18/16

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