La prescripción de multas, así como de impuestos y, en general, todo tipo de acciones administrativas o judiciales, que implique la pérdida o deterioro del patrimonio del Estado por no realizar oportunamente la labor de recaudo, amerita la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar quiénes son los gestores fiscales, si obraron con dolo o culpa grave y la existencia del nexo de causalidad entre estos, precisó la Contraloría General de la República. En estos eventos, es necesario excluir a quienes no realizan la cualificada labor de administración y manejo, pues la gestión fiscal tiene un componente y es que se otorga a determinados servidores públicos o personas particulares para disponer del patrimonio del Estado.