La Corte Suprema de Justicia calificó como coyuntural la ejecución de la política criminal que viene adelantando la administración y criticó la última tarea legislativa adelantada al respecto. A propósito de la Ley 1709 del 2014, que marca un nuevo propósito de redireccionar las estrategias en la materia, la corporación señaló algunos reparos. Así, reprochó que, mientras se ensancha el escenario de la detención preventiva y se varía la tipificación de conductas, también se busque evitar que la cárcel sea el elemento principal de la política criminal, “que fracasa ante la premisa de hacer de la prisión el único elemento de reinserción y cohesión social”. Frente al caso, describió la situación de un fiscal condenado por prevaricato por acción, que se hacía merecedor a la prisión domiciliaria, por aplicación del artículo 38 de la Ley 599 del 2000. Pese a que el artículo 33 de la Ley 1709 del 2014 (que modificó el artículo 68A del Código Penal) impide otorgar subrogados penales por la comisión de delitos contra la administración, como este, la aplicación del principio de favorabilidad le permitía acceder al beneficio, por principio de favorabilidad penal (M. P. Eugenio Fernández Carlier).