El Consejo de Estado aclaró que las transferencias que no se hayan consignado, a más tardar, el 15 abril de la vigencia fiscal siguiente a esos años no generaron ningún incumplimiento por parte del Gobierno Nacional. Esa conclusión obedece a que si bien el artículo 24 de la Ley 60 de 1993 obligaba a que las transferencias causadas en determinada vigencia fueran pagadas a los entes territoriales máximo en esa fecha de la vigencia siguiente (15 de abril), las leyes 715 del 2001 y 813 del 2003 ampliaron los términos hasta los años 2004 y 2005. Lo anterior porque, de acuerdo con la Sala, estas normas establecían que los dineros pendientes de las transferencias causadas en el 2000 y en el 2001 podían ser canceladas con los dineros disponibles de las vigencias fiscales contenidas entre el 2003 y el 2005. Esa misa tesis fue expuesta por la Sección Tercera en la Sentencia 30735 del 2013 para negar una demanda de reparación directa, recordó la corporación (C. P. Hernán Andrade).