La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para analizar la demanda a la norma del Estatuto de Arbitraje que limita las posibilidades del proceso ejecutivo en contra de la parte que desconoce las obligaciones que le atañen con respecto a la cancelación de gastos y honorarios arbitrales (inciso 2º parcial del artículo 27 de la Ley 1563 del 2012); la disposición atacada indica que no se podrá alegar excepción diferente a la del pago. A juicio del organismo de control, las observaciones del demandante son más propias de un juicio ordinario que de uno de control de constitucionalidad. La ponencia será proyectada por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.