Aunque le solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida frente a esta demanda puntual, la Procuraduría sugirió, subsidiariamente, que la norma que inhabilita a abogados sancionados disciplinariamente para ser registradores de instrumentos públicos sea declarada exequible, literal e, parcial, del artículo 79 de la Ley 1579 del 2012. Para el organismo de control, se trata de una limitación que se cuenta dentro de las potestades del legislador y garantiza que el registro de la propiedad, la escritura pública, la providencia judicial o administrativa, entre otras, sean desarrolladas por profesionales idóneos. Sin embargo, dice el concepto, el demandante no expone sus objeciones constitucionales frente a la norma, por cuanto esta acción no reúne requisitos que ameriten activar el estudio de fondo. El proyecto será presentado ante la Sala Plena de la Corte por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.