En un fallo del pasado 23 de mayo, la Sección Tercera del Consejo de Estado aplicó el test de proporcionalidad para valorar el perjuicio moral, porque, en su opinión, este no es solo una herramienta para resolver conflictos entre derechos o principios sino para resolver la tensión entre el derecho a la reparación integral y la protección del patrimonio público. Por eso, indicó que en dado caso era procedente guiarse por la tabla objetiva usada en otros eventos y que fijó previamente la cuantía de la indemnización. De acuerdo con la corporación, esta metodología exige una prueba mínima del daño, que no pueda suplirse por la simple presunción jurisprudencial de la aflicción o las reglas de la experiencia del juez. Cabe resaltar que Olga Valle aclaró el voto y Enrique Gil lo salvó. A juicio de la primera consejera, en esta providencia se estableció una tarifa legal y se desconoció la discrecionalidad judicial. Por su parte, Gil reafirmó la postura mantenida desde el 2001, en el sentido de que esta clase de perjuicio debe tasarse por medio del arbitrio juris y el principio de equidad (C.P. Jaime Orlando Santofimio).