La Corte Constitucional determinó que permitir que la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNA) imponga cualquier clase de medida cautelar supone un grado de indeterminación tal que desconoce el principio de legalidad y es violatorio del debido proceso, si se tiene en cuenta que puede llegar incluso a restringir el derecho de asociación de las entidades bajo el control de este organismo. Así lo explicó la Sala Plena al dar a conocer la sentencia mediante la cual declaró inexequible el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 del 2011. Añadió que incluso le resulta imposible al alto tribunal efectuar un análisis de proporcionalidad de las medidas, luego ello impone una barrera a la hora de determinar si el tipo de facultades que la DNA puede ejecutar a través de la norma se adecúan o no a fines constitucionales. Recordó que el artículo 29 de la Constitución, que regula el derecho al debido proceso, exige que la función pública se ejerza de acuerdo a límites claramente establecidos (M. P. Nilson Pinilla).