A pesar de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir la demanda de casación contra la condena por homicidio impuesta a un capitán y un cabo del Ejército Nacional, el alto tribunal recordó que el inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 del 2000 señala que la pena de prisión comporta la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena. La norma limita tal sanción al máximo señalado en la ley, entre 5 y 20 años, con excepción de los servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado (M. P. Fernando Alberto Castro).