El Consejo de Estado ordenó recuperar el espacio público ocupado irregularmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el Ministerio de Defensa en la carrera 57, entre calles 26 y 44, en Bogotá. A juicio del alto tribunal, estas entidades invadieron los andenes ubicados en esa zona, vulnerando derechos colectivos al goce del espacio público. Así, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, que obliga al Estado a velar por la protección de la integridad de este tipo de terrenos, a favor de intereses comunes y por encima de los particulares, la Sección Primera condenó también Alcaldía Local de Teusaquillo y al Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público (Dadep) por su falta de gestión en esta materia (C. P. Guillermo Vargas Ayala).