Ordenan a la Fiscalía nombrar a 17 mil personas mediante concurso de méritos

La Presidenta de la Asociación de Trabajadores Estatales de la Fiscalía General de la Nación demandó, en ejercicio de la acción de cumplimiento, al ente acusador debido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 118 del Decreto 020 del 2014, por medio del cual debía adelantar las gestiones administrativas pertinentes para obtener las partidas presupuestales que permitieran desarrollar concursos públicos de méritos.

El tribunal pudo establecer que existen más de 17.000 vacantes para proveer, pues así lo reconoció la entidad en su escrito de contestación de la demanda, al advertir que “no es posible convocar a concurso todos los cargos de carrera vacantes de manera definitiva, que en este momento superan los 17.000”.

La Sala encontró que el numero de 500 cargos convocados a concurso frente a los más de 17.000 cargos de carrera que se encuentran para proveer resulta irrisorio, pues con convocatorias de 500 o 1.000 cargos la Fiscalía deberá adelantar más de 17 concursos de méritos en un lapso de tiempo indeterminado.

El ente acusador advirtió sobre la posible pérdida de memoria institucional en el evento que se llegase a convocar los 17.000 cargos de carrera a concurso; sin embargo, para la Sala no es de recibo ese argumento de defensa, pues la implementación y uso de las tecnologías permite el almacenamiento y archivo de los documentos que constituyen la mencionada memoria.

En su decisión, el Tribunal condenó a directivos de la Fiscalía con multas e instó a los funcionarios sancionados a darle cumplimiento a la orden impartida para el nombramiento de las vacantes por medio de concurso de méritos. Esta decisión del tribunal es de inmediato cumplimiento, pero será revisada por el Consejo de Estado (M. P. Oscar Armando Dimaté Cárdenas).

Posición de los sindicatos

Frente al tema, Asonal Judicial se ha manifestado, ya que entre los problemas que sufre la administración de justicia, como falta de conectividad, también se encuentra el hacinamiento de procesos en fiscalías y juzgados. Lo anterior debido a la falta de personal que se requiere para dar pronta respuesta a la ciudadanía sobre los procesos represados. Por lo anterior, ha mostrado su apoyo a la decisión del tribunal por la necesidad de personal en dicha entidad.