Por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Gobierno objetó el proyecto de ley que declaraba patrimonio cultural y artístico de la Nación al Carnaval de Riosucio (Caldas). Para la Presidencia de la República, la redacción del artículo 2° del proyecto estaría violando abiertamente los artículos 345 y 346 de la Carta Política, al establecerse una orden imperativa para que el Ejecutivo incluya forzosamente las partidas presupuestales necesarias para atender cada uno de los conceptos mencionados en la norma, con claro desconocimiento de las normas constitucionales y orgánicas que regulan el principio de legalidad del gasto. Sobre las razones de inconveniencia, agregó que en la actualidad esta manifestación cultural fue promulgada como bien de interés cultural mediante la Resolución 11 del 2006 del Congreso de la República.