Por razones de inconstitucionalidad, el Gobierno objetó el proyecto de ley por medio del cual se creaba el Fondo de fomento parafiscal fiquero, establecía normas para el recaudo y administración de la cuota de fomento. A juicio del Ejecutivo, los artículos 18-2 y 20 del proyecto de ley son contrarios a la Constitución Política. Dentro de los argumentos, el Gobierno expresó que el hecho de que el artículo 108 haya supeditado el gravamen sobre el impuesto a las ventas a uno establecido para sacos de polipropileno y fibras sintéticas, la posterior expedición y regulación de un nuevo régimen del tributo (Decreto 3541 de 1983), modificatorio del existente, y que regía para el momento de la vigencia de dicha ley dieron lugar a una derogatoria tácita de la presunta obligación fiscal, que ahora la iniciativa remite como si nunca hubiera perdido su vigencia.