La Corte Constitucional admitió una demanda que pretende la inexequibilidad de la Ley 1821 del 2016, que aumentó la edad máxima de retiro forzoso para personas que desempeñan funciones públicas. Según la norma, una vez cumplidos los 70 años se causará el retiro inmediato, sin posibilidad de reintegro; esta modificación no aplica para funcionarios escogidos mediante voto popular, ni para los mencionados en el artículo 1° del Decreto Ley 3074 de 1968, es decir, los empleados civiles de la Rama Ejecutiva. Según el concepto del demandante, en el respectivo trámite legislativo se violó el principio de publicidad y de trasparencia, pues no se dio a conocer el contenido del proyecto de ley y de sus modificaciones a la ciudadanía. Igualmente, dice que se trasgreden los fines del servicio público y de renovación laboral, teniendo en cuenta que los jóvenes tendrán que esperar otros cinco años más para remplazar a los servidores públicos que se acojan a esta normativa.