La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que la norma que permite al fiscal ordenar seguimientos pasivos, cuando considere que el indiciado o imputado puede conducirlo al hallazgo de elementos materiales de prueba sea declarada constitucional (artículo 54 parcial de la Ley 1453 del 2011, que modificó el artículo 239 de la Ley 906 del 2004). A su juicio, no se llega a comprometer el derecho a la intimidad, pero sí se trata de una herramienta que permite al ente investigador cumplir fines de su misión constitucional, cual es soportar, a través de elementos materiales de prueba, la acción penal que, en todo caso, estará sujeta al control de los jueces. La ponencia está a cargo del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.