El concurso de méritos, además de buscar la selección objetiva para acceder a cargos públicos, conlleva una consecuencia adicional. Una vez establecidos los resultados de cada aspirante en las pruebas y ponderados los factores objetivos y subjetivos requeridos, se nombra al participante más capacitado, es decir, al que ocupó el primer lugar. Así lo señaló la Corte Constitucional al tutelar los derechos a la igualdad y debido proceso de una persona que pese a ocupar el primer lugar en un concurso para acceder al cargo de gerente en una empresa social del Estado, el alcalde de la localidad no lo nombró y en su lugar otorgó el cargo a quien ocupó el tercer puesto (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).