El Consejo de Estado anotó que el simple hecho de que el daño antijurídico provenga de la actuación de un agente estatal no genera responsabilidad extracontractual a cargo de la Nación. La corporación trajo a colación su propia jurisprudencia, en la que indica que, de comprobarse que el responsable del daño actuó, no en cabeza de la función pública que le atañe sino de acuerdo al accionar propio del ámbito privado, no procede tal imputabilidad. En el caso concreto, la sala indicó que no se demostró que la materialización del perjuicio tuviera nexo causal con el servicio (C. P. Jaime Orlando Santofimio).