El procurador Alejandro Ordóñez sostuvo que no es cierto que la legalización de la droga pueda generar una disminución de la violencia que ella provoca. Indicó que si una decisión de esa naturaleza pusiera fin a la guerra por el control en el tráfico y distribución, ella se incrementaría por cuenta de los adictos, en tanto se elevaría el consumo, teniendo en cuenta que de cada tres delincuentes, por lo menos, uno de ellos es drogadicto. Añadió que Colombia pasó de ser un país productor a uno consumidor, a partir de la despenalización del consumo, que se produjo con una sentencia de la Corte Constitucional de 1995. A su juicio, incluso la determinación de ese alto tribunal, en la que impide despenalizar el porte de una dosis mínima, contribuyó a constituir el escenario que describe (Sentencia C-491/12). Además, cuestionó que se hubiera disminuido el ritmo de la aspersión y erradicación de cultivos, al sostener que ello no debe ser materia de negociación en La Habana (Cuba). “A mí no me vengan a decir que estos son argumentos carentes de realidad, están fundados en realidades científicas”, concluyó.