La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles varias de las atribuciones otorgadas a las superintendencias en materia de carrera administrativa, mediante los artículos 6°, 14, 15, 17, 21, 28 y 48 del Decreto-Ley 775 del 2005. El organismo de control considera que se debe retirar del ordenamiento jurídico la posibilidad de que puedan administrar tal esquema de manera general. Tampoco respalda las atribuciones para realizar convocatorias, manejar las etapas de selección o responder a reclamaciones. No obstante, apoyó algunas atribuciones contempladas en los artículos 10, 20, 23, 32 y 37, siempre y cuando se armonicen con la administración de los sistemas específicos de carrera que compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil. La magistrada ponente en este proceso es María Victoria Calle.