El demandante del marco jurídico para la paz, Gustavo Gallón, sostuvo que esta reforma constitucional sacrifica el derecho superior de las víctimas a la justicia. Indicó que el Acto Legislativo 01 del 2012 impone la suspensión transitoria de un deber constitucional permanente, pues obliga a garantizar derechos de la ciudadanía de manera parcial, al mantener la persecución penal únicamente en contra de los máximos perpetradores de violaciones a los derechos humanos y al DIH. Agregó que se trata de una aplicación distorsionada de la justicia transicional, al generar que el Estado renuncie a la persecución penal a delitos de lesa humanidad.