Rafael Guarín, demandante del Marco Jurídico para la Paz, sostuvo que no se opone a que guerrilleros puedan, eventualmente, participar en política. Aclaró que su reparo es que responsables de delitos atroces no sean judicializados y puedan ejercer funciones públicas. “La inhabilidad política se deriva del carácter atroz del delito, sin importar quién lo ejecute”, dijo Guarín, quien considera que este tipo de conductas no pueden guardar conexidad con la comisión de delitos políticos.