El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que el marco jurídico para la paz no sustituye la Constitución ni desconoce compromisos internacionales, porque priorizar casos no equivale a la renuncia a la acción penal. Indicó que investigar ciertos delitos y juzgar exclusivamente a los máximos responsables de tales actuaciones no hace que el Estado desatienda sus obligaciones. Al contario, dice, constituye una medida razonable para establecer garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Agregó que experiencias internacionales de otros conflictos armados, como en el caso de Bosnia, demuestran la inconveniencia de investigar cada una de las acciones. Para Otálora, es deseable acudir a mecanismos subsidiarios de judicialización, en aras de propiciar la dejación de las armas.