La Corte Constitucional intentará examinar este miércoles la ponencia en la que el magistrado Alberto Rojas propone dar vía libre a la participación política de guerrilleros eventualmente desmovilizados tras la firma de acuerdos de paz (D-9819, Acto Legislativo 1 del 2012). También se estudiará la competencia de la Procuraduría para imponer sanciones de destitución contra funcionarios que cometan faltas con culpa gravísima, incluso a la luz de las limitaciones que en la materia impondría la Convención Americana de Derechos Humanos, frente a servidores elegidos popularmente (D-9958, artículo 44 de la Ley 734 del 2002). A su vez, examinará la norma que regula el rol del contratista en la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido (D-9966, artículos 1º, 2º, 3º (parcial) y 15 de la Ley 1675 del 2013), los requisitos de duración mínima de la relación conyugal para acceder a la pensión familiar (D-10007, literal a) parcial y b) del artículo151B y literal a) parcial del artículo151C (adicionados por los artículos 2º y 3º de la Ley 1580 del 2012)) y la facultad otorgada al Consejo Superior de la Judicatura para modificar la cuantía (mínima, mayor, menor) de los procesos, en aras de fijar la competencia (D-10000, (parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 del 2012).