La Corte Constitucional determinó que era justificable que algunos trabajadores de la salud continuaran preservando las mismas condiciones contractuales de las que gozaban antes de la entrada en vigencia del Decreto 1399 de 1990, a fin de evitar que el cambio de régimen los dejara cesantes (artículos 3º y 4º parciales). Sostuvo que, teniendo en cuenta la cesión de que trata el artículo 16 la Ley 10 del mismo año, en virtud de la supresión, liquidación o cambio de adscripción a otro nivel administrativo era necesario proteger a quienes no tenían una solución de continuidad, en defensa de su derecho al trabajo. Así las cosas, dice, y observando además que los demás funcionarios que contaran con antigüedad en el momento de entrar en vigencia la norma también quedarían sujetos a ella, se concluye que no hay violación del derecho a la igualdad de los trabajadores que se vincularan al sistema de salud, luego de que este régimen cobrara rigor. A raíz de estas conclusiones, la máxima instancia constitucional determinó que los apartes demandados eran exequibles.