La Corte Constitucional declaró exequible la norma que permite que macroproyectos de interés social nacional, estructura encaminada a corregir el déficit de vivienda entre la población, puedan desarrollarse en zonas suburbanas o rurales (artículo 2º parcial de la Ley 1469 del 2011). La Procuraduría también había pedido declarar constitucional el texto atacado, por considerar que el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, que restringe la posibilidad de urbanizar ciertos suelos por razones ambientales, no constituía un obstáculo para su puesta en vigor. En su concepto, contrariamente, este aparte de la legislación permite que en estos proyectos de infraestructura se tengan en cuenta las disposiciones sobre el uso del suelo contenidas en la Ley 388 de 1997.