La Corte Constitucional dio a conocer el texto definitivo de la sentencia que declaró exequible el artículo 119 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), sobre la solidaridad del ordenador del gasto, la entidad contratante, el contratista y los demás que concurran al hecho que desencadene un proceso de responsabilidad fiscal, por daño patrimonial al Estado y sobrecostos en contratación. Para el alto tribunal, esta norma se ajusta a los parámetros constitucionales sobre imputación en los procesos de responsabilidad fiscal (artículos 90, 124 y 268 de la Carta). En este sentido, recordó que la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o culpa. Igualmente, reiteró que en materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de imputación objetiva, pues la misma debe individualizarte y valorarse a partir de la conducta del agente. Alberto Rojas presentó aclaración de voto (M. P. Alberto Rojas Ríos).