La Procuraduría General de la Nación publicó un informe de seguimiento a los casos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado interno, en el que evalúa la respuesta del Estado ante este fenómeno.

Según el documento, los mayores afectados son las mujeres, los menores de 18 años, los indígenas, los afrocolombianos, las defensoras de derechos humanos y la población LGTBI.

Además, existe una correlación de estos casos con el desplazamiento forzado y el reclutamiento ilícito de menores.

De acuerdo con la entidad, las cifras aportadas por las autoridades no establecen un número total de víctimas ni permiten hacerles una comparación y seguimiento.

De otro lado, se detectó un aprovechamiento indiscriminado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas por parte de abogados que les hacen firmar poderes para gestionar reparaciones, con la promesa de acudir, incluso, a tribunales internacionales. En estos casos, se suelen pactar honorarios del 40 % y la imposibilidad de revocar el poder, bajo amenaza de embargo.

La Procuraduría exhortó a las autoridades a desarrollar con urgencia los protocolos necesarios para el manejo reservado de la información sobre la identidad de las víctimas y los hechos ocurridos.

Sobre la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011), explicó que la reciente aprobación e implementación de la norma no permite valorar aún los efectos de la justicia transicional en relación con la no repetición. Sin embargo, aseguró que la ley ha permitido avanzar en la materia y visibilizar más estas conductas.

En cuanto a la atención en salud, se encontraron varias falencias. Por ejemplo, no todos los médicos reportan los eventos de violencia sexual ni las EPS los denuncian. Tampoco existe claridad en las instituciones orientadoras ni en los prestadores del servicio de salud sobre la obligación de atender estos casos como urgencia, aunque la persona no esté afiliada a la seguridad social.

Finalmente, el Ministerio Público aseguró que en todos los informes internacionales de derechos humanos, así como en los elaborados por las organizaciones sociales y el diálogo con las víctimas, la gran conclusión son los altos índices de impunidad.