La Corte Constitucional volverá a estudiar el proyecto de ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana, que busca permitir que la revocatoria del mandato pueda darse con el apoyo del 30 % de los votos que obtuvo el candidato vencedor, ello luego de que el alto tribunal devolviera la iniciativa al Legislativo para corregir un vicio de procedimiento (PE-038, P. L. 227/12S-134/11C). Adicionalmente, se examinará el expediente relacionado con la norma que define qué profesiones pueden ser consideradas como de alto riesgo (D-9686, artículo 2º del Decreto 2090 del 2003) y la ley que ordena la inembargabilidad de ciertos bienes municipales, que regula el ejercicio de su defensa jurídica y la conciliación prejudicial para estos entes territoriales (D-9625, artículos 45, 46 y 47 de la Ley 1551 del 2012). También estudiará la norma que regula la suspensión provisional para funcionarios estatales (D-9662, artículo 157 parcial de la Ley 734 del 2002). Entre los casos que espera resolver la Corte se cuenta la tutela mediante la cual una lesbiana busca que el ICBF continúe el trámite de su solicitud para adoptar al hijo biológico de su pareja (T-2597191) y la demanda a la ley que exonera al ciudadano del deber de denuncia contra sí mismo, su cónyuge, su compañero o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil (D-9590, artículo 68 parcial de la Ley 906 del 2004).