El certificado de antecedentes es un documento idóneo y público de consulta para efectos del ejercicio de la función pública, y en el caso de reflejar una información inexacta generaría un déficit de protección intolerable para las víctimas, en especial para la garantía de no repetición, precisó la Corte Constitucional. De igual forma aseguró que las inhabilidades cumplen una importante función constitucional, relacionadas con restricciones justificadas y proporcionadas para la vinculación de personas al servicio del Estado. Así las cosas y en este caso, la Procuraduría al no incluir la anotación de inhabilidades ordenada por la JEP impide conocer las condiciones y restricciones del accionante para el acceso al servicio del Estado. La anterior situación desconoce los principios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad y, además, la garantía de la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales, toda vez que la información reportada por la Procuraduría en el certificado de antecedentes no refleja la situación jurídica actual (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).