El Consejo de Estado determinó que no fueron temerarias las tutelas que interpusieron cientos de ciudadanos en contra y a favor de la sanción impuesta alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado durante 15 años por decisión de la Procuraduría. A juicio de la Sala Plena, los actores distintos al burgomaestre no pueden ser juzgados de esa manera, por cuanto existe la posibilidad de que esta determinación disciplinaria haya vulnerado sus derechos fundamentales. Así mismo, la corporación concluyó que ya están dadas las condiciones para avanzar hacia el examen de fondo de la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, que propone mantener la suspensión provisional de la ejecución de la sanción. El debate se reanudará a las 8:00 a. m. del lunes 24 de febrero.