La Corte Constitucional declaró inexequible la norma de la reforma a la Ley de Justicia y Paz que ordenaba remitir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el incidente para resarcir a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, una vez finalizado el proceso penal del desmovilizado (artículo 23 de la Ley 975 del 2011). La disposición daba inicio a una actuación administrativa, que permitía a las víctimas que estuvieran referenciadas en cada uno de los expedientes acceder a los beneficios de la Ley 1448 del 2011. Para el alto tribunal, la reparación integral que originalmente contemplaba la Ley de Justicia y Paz era más beneficiosa para los afectados por el conflicto, por cuanto esta nueva disposición significaba una regresión.