La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que obligaba mantener bajo reserva información documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales, contenidos en el proyecto de Ley de Transparencia e Información Pública (parágrafo 2º del artículo 5º del P. L. E. 156 del 2011 Senado-228 del 2012 Cámara). Adicionalmente, dejó fuera del ordenamiento jurídico una disposición de la misma iniciativa que regulaba la inaplicación de la reserva de documentos e informaciones a las autoridades judiciales y a los congresistas en ejercicio, relacionados con el control que le corresponde adelantar al Poder Legislativo (artículo 23); La Sala Plena consideró que el contenido de las disposiciones era indeterminado y se planteaba de manera genérica, luego no permitía precisar alcances y responsabilidades en la materia y, además, contenía matices injustificados o desproporcionados. Quince de los artículos fueron declarados exequibles, en el sentido de que debe ampliarse la protección del derecho de acceso a la información (artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9 a 12, 13, 15 a 18, 20 a 25, 26 y 31 a 35). Las demás disposiciones fueron declaradas ajustadas a la Carta, sin condicionamiento alguno (M. P. María Victoria Calle).