El magistrado Mauricio Fajardo aclaró el voto frente a la decisión mediante la cual el Consejo de Estado rechazó la tutela que interpuso el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro contra su destitución y sostuvo que la decisión debió basarse en la temeridad con la cual se interpuso el recurso. A su juicio, al menos en dos de las acciones que fueron estudiadas por la Sala Plena se dieron los presupuestos anotados por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que describen esta actuación como aquella en la que un solo actor o su representante interponen la misma acción de amparo constitucional ante varios jueces o tribunales, en cuyo caso se rechazarán o despacharán desfavorablemente todas las solicitudes. Según el jurista, esa actuación irregular se puso en evidencia no solo por el hecho de que el mismo Gustavo Petro aceptó la agencia oficiosa en dos de las causas, sino que aportó pruebas en esos mismos expedientes, en procura de convencer a los respectivos operadores sobre la procedencia de las alegaciones (C. P. Alfonso Vargas).