Así lo afirmó la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, quien dijo que ya se cuenta con los recursos para trabajar en la corrección de ese y otros aspectos deficitarios. Al referirse a la situación que enfrentan los programas de Derecho, subrayó que se le dio un plazo de tres años a quienes ofrecen estos programas de formación para que obtengan su acreditación, pues el interés más urgente, dice, es asegurar que el país cuente con buenos formadores. Admitió que la deficiente legislación dificulta la elaboración de un diagnóstico, especialmente en el área del Derecho, donde se urge establecer un mapeo de las necesidades y construir un perfil sobre las calidades del abogado que requiere la sociedad colombiana.