Aunque reconoció que lo prolongado del déficit normativo es prueba de desidia estatal, el asesor del Ministerio de Justicia, Diego Eduardo López, advirtió que a las instituciones académicas también les cabe parte de responsabilidad. Precisó que con el decaimiento del acto administrativo que reglamentaba la acreditación de calidad de los programas de Derecho se dejó atrás un instrumento que, a su juicio, solo se centraba en aspectos ideológicos de los estándares de formación, pero que dejaba aspectos pragmáticos, como la inversión que deben hacer las instituciones para asegurar la calidad. López indicó que una nueva reglamentación debe concentrarse en esos aspectos ignorados en el pasado, sin afectar la autonomía universitaria. Al referirse a la participación universitaria en los foros regionales, precisó que una de cada cuatro instituciones se opuso a una nueva regulación, precisamente por temores de invasión a la autonomía de la formación en educación superior. El reto, sin afectar ese margen de autodeterminación, es establecer un estándar que no dé lugar a dos tipos de instituciones: unas de calidad y otras carentes de ella, subrayó; lo ideal, recalcó, es que existan programas de alta calidad acreditados y otros que respondan a unos estándares mínimos. Finalmente, recordó que los participantes en los foros se mostraron interesados en que se incluyeran en esa regulación énfasis en áreas de proyección social e investigación.