Minhacienda propone mejorar el sistema de pagos en Colombia

El Ministerio de Hacienda dio a conocer un proyecto de decreto que busca modificar y actualizar el Decreto 2555 del 2010. Esta iniciativa modernizaría el ecosistema de pagos en el país, con el propósito de facilitar el acceso a servicios financieros y promover la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la creación del Consejo Nacional de Pagos, un organismo consultivo que serviría como foro de diálogo entre los diferentes actores del ecosistema de pagos. Este consejo tendría como misión formular recomendaciones que impulsen el desarrollo del sistema de pagos, garantizando la seguridad y estabilidad en las transacciones. La secretaría técnica del consejo estaría a cargo de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, asegurando una gestión adecuada de las discusiones y recomendaciones. (Lea: Superfinanciera fortalece herramientas para facilitar la inclusión financiera)

Además, el proyecto definiría criterios claros para la fijación de tarifas por parte de las entidades emisoras, buscando evitar prácticas que desincentiven el uso de servicios de pago. Las tarifas deberán estar fundamentadas en factores objetivos y medibles, garantizando así la transparencia y equidad en el acceso a estos servicios. Este enfoque buscaría fomentar un uso más amplio de los pagos electrónicos, beneficiando a los usuarios y promoviendo la competencia en el sector.

Otro punto relevante sería la exigencia de que las entidades emisoras mantengan altos estándares de seguridad y calidad en sus servicios digitales. Esto incluiría la implementación de controles y alarmas que permitan identificar y corregir fallas de manera oportuna. Asimismo, se requiere que estas entidades cuenten con sistemas robustos para la gestión del riesgo operacional, asegurando la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad.

El proyecto también plantea las medidas para mitigar el riesgo de interrupciones en la prestación de servicios de órdenes de pago y transferencias de fondos. Las entidades deberán garantizar una disponibilidad mínima del 99,95 % en sus servicios, lo que representaría un compromiso significativo hacia la mejora de la experiencia del usuario y la confianza en el sistema financiero.

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